El derecho penal internacional se ha convertido en un arma poderosa en la lucha contra la impunidad en el mundo. Si bien tuvo un hito fundacional al final de la II Guerra Mundial con el juicio de Nuremberg contra los principales jerarcas nazis, no fue hasta fines de la década del 90 en que se concretó establecer la Corte Penal Internacional. 

A pesar de que el Perú es signatario del Estatuto de Roma, existe un gran desconocimiento y resistencia en el Poder Judicial a la aplicación de las normas que rigen el derecho penal internacional que buscan sancionar y castigar los crímenes de lesa humanidad. Por ello es una excelente noticia la publicación del libro Derecho Penal Internacional. Genealogía de los crímenes internacionales más graves (Fondo Editorial PUCP, 2017), escrito por José Burneo Labrín, doctor en Derecho por la Universidad de Lovaina y con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

En esta edición de El Arriero,  el doctor Burneo nos explica la relevancia del derecho penal internacional pero además el desconocimiento que existe en nuestro sistema judicial sobre el tema. En ese sentido es muy crítico a la sentencia que la Corte Suprema dio a Abimael Guzmán por la masacre de Lucanamarca: "Es absurdo, es indignante. No podemos aceptarlo y ahora viene Tarata, y  si no ha habido un cambio en el Poder Judicial y en su comprensión de esta materia, me temo que lo condenen nuevamente por asesinato, por terrorismo y no por lesa humanidad". 

En torno al debate sobre un posible indulto al ex presidente Fujimori, el doctor Burneo explica que ni el indulto ni la amnistia aplican a los sentenciados por crímenes de lesa humanidad, recordando la sentencia que la Corte de San José diera sobre el caso Barrios Altos y señala que "la amnistía no procede y con el indulto se aplica el mismo razonamiento" recordando que en el caso del indulto dado en Argentina al general Videla este fue anulado y debió volver a prisión. 

Por otro lado, señala que el indulto humanitario "es razonable cuando es terminal" pero que debe ser "una norma que sea aplicable no a uno sino a todos los presos". Y añade que  "si no se demostrara que no es terminal podría anularse porque todo acto del Poder Ejecutivo es revisable en sede judicial".

Finalmente, para el doctor Burneo, "no es que la decisión presidencial esté blindada de manera que es intocable. No. No hay acto de poder que no sea fiscalizable y que no esté sometido a los principios de la democracia y la justicia".

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