La decisión de convalidar la constitucionalidad de la disolución del Congreso, tomada por mayoría en el Tribunal Constitucional, es el epílogo de la crisis política que atravesó el país entre el 2016 y 2019. Atrás quedan las especulaciones sobre el comportamiento de los magistrados, y las marchas y contramarchas de algunos de ellos. Finalmente, los cuatro tribunos que hacen mayoría actuaron en bloque, y los otros tres de la minoría, igual. 

Con esta decisión, y la legitimación de la audaz teoría de la denegación fáctica de la confianza, el presidente Martín Vizcarra respira tranquilo, en vísperas de la elección del nuevo Congreso, donde al parecer el fujimorismo será un actor importante y más sólido que el resto de fuerzas políticas que parecen ser nuevas coaliciones de independientes antes que partidos con una agenda clara.

Quizás consciente de la pobreza de las propuestas que lanzan los candidatos, es que el presidente ha convocado a Palacio—cuando ya nadie lo esperaba— a los miembros de las dos comisiones que creó para plantear sus aún truncas reformas de justicia y política, que presidieron Allan Wagner y Fernando Tuesta, respectivamente. Y es que si el gobierno no coloca en la agenda del nuevo Congreso un paquete legislativo sobre el tema, lo más probable es que la reforma termine por diluirse nuevamente entre los aprendices de parlamentarios que elegiremos en 12 días.

Siendo saludable que el Ejecutivo retome la iniciativa, quedan dudas profundas sobre la capacidad que tenga el nuevo Congreso para aprobar aquellas reformas que deberían regir las elecciones generales del 2021, ya que si no se produce un acuerdo político inmediatamente después de las elecciones, los plazos serán imposibles de cumplir. 

En el caso de la reforma de justicia, aunque haya más tiempo, el tema solo ha sido enunciado pero no desarrollado por los candidatos. Y vista la penosa experiencia de elección de la Junta Nacional de Justicia, queda claro que si el Congreso no ataca a las mafias instaladas en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, todo seguirá igual.

Como viene ocurriendo desde julio del 2018, la reforma dependerá en buena medida de la decisión y la voluntad política del presidente Vizcarra, y de la capacidad de presión que ejerza sobre el nuevo Congreso -que hasta ahora es lo mejor de su opaca gestión-. Nada pierde con intentarlo, incluso si el Congreso se resiste, podrá seguir alimentando su popularidad y despedirse el 2021 como el candidato del 2026.