Los actuales gobernadores regionales han cumplido –al igual que los alcaldes–su primer año de gestión. Y el balance general sigue siendo poco auspicioso. Pasados 17 años de la instalación de los primeros gobiernos regionales, estos no parecen haber logrado contribuir a generar el tan ansiado y reclamado desarrollo. Y si bien el centralismo limeño ha jugado un rol importante en evitarlo –la responsabilidad del caótico proceso de transferencias, la carencia de un funcionario político de peso, y las marchas y contramarchas de la reforma–, también es cierto que la capacidad de confrontrarlo ha estado limitada a evitar el desarrollo de algunos grandes proyectos mineros, pero nada más.

Sin embargo, y como una suerte de espejo del tan criticado centralismo, los gobernadores regionales terminaron pareciéndose al poder central de Lima, en su relación con provincias y distritos, prestando mayor atención a las zonas donde podían contar con bolsones electorales que aseguraran su reelección –cuando esta era permitida– o ahí donde existiera un gran proyecto de infraestructura vial, portuaria o energética.

Pero lo peor de todo es que en nombre del desarrollo, de la misma manera que nuestros ex presidentes (incluido el actual)  se sumaron a la gran danza de la corrupción, tanto con las grandes empresas brasileras y sus socias peruanas, como con emprendimientos regionales que se beneficiaron de obras de menor envergadura, a cambio del “diezmo” que todo contratista debe pagar  para conseguir un contrato o una licitación. “Diezmo” que en realidad pagamos todos los peruanos y peruanas gracias a la sobrevaluación de costos, los acuerdos debajo de la mesa entre competidores y funcionarios y las famosas adendas.

Y a esto se le sumaron intereses de otro tipo, sobre todo en algunas regiones donde los gobernadores y alcaldes terminaron siendo aliados de las economías legales como el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, el tráfico de tierras, y la tala ilegal de bosques. Por ello no es gratuito que las ilusiones descentralistas se hayan ido diluyendo de la cabeza de la ciudadanía, aunque eso no signifique de manera alguna querer volver al estado anterior de cosas. Lo grave es que tampoco se quiere pensar en macrorregiones u otras formas de integración regional, por la exacerbación de identidades “departamentales” sobre todo a partir de conflictos limítrofes.

En medio de este escenario que tengamos como presidente de la República a un exgobernador regional cuya gestión fue aplaudida por tirios y troyanos en su momento –aunque ahora algunos la cuestionen– debería haber sido una buena oportunidad para retomar el debate sobre la descentralización, más allá de organizar GOREs Ejecutivos para ver cómo se reparte la torta presupuestal o cuántos proyectos le toca a cada región, ya que no habrá reforma política viable en el Perú si en simultáneo no se reforman las estructuras de gobierno. Y lamentablemente ese debate nadie lo está planteando en una campaña donde los candidatos al Congreso solo enuncian –con o sin conocimiento– propuestas de lucha contra la corrupción.