En el Perú la vida no vale nada. Una anciana de 81 años puede ser asesinada frente a su vivienda. Un extranjero puede ser sindicado por sus familiares, por las redes sociales y hasta por una viceministra de ser el asesino, y terminar linchado. El linchamiento puede ser filmado, vendido y reproducido ad infinitum por esas mismas redes que lo sindicaron, y también por los canales de televisión nacional en la que además se concluye que los asesinos son “incivilizados”.Y es en ese momento en que la descripción de los hechos se carga de estereotipos, porque la asesinada era una mujer indígena dedicada a la sanación, el extranjero un individuo interesado en los poderes curativos del ayahuasca y los linchadores miembros del pueblo Shipibo-Conibo. 

Más allá de esos datos hay una enorme cantidad de especulaciones sobre el móvil del crimen de Olivia Arévalo, incluso hay otros sospechosos y otras razones que se han esgrimido sobre el mismo. Y como otros casos similares, es probable que aunque se confirme tal o cual hipótesis, siempre quedará la sospecha de que la verdad policial o judicial no es la verdad, y que hay inocentes que pagan con su vida las facturas de los verdaderos culpables.

Estos crímenes ponen en tensión diversas visiones y percepciones de la identidad y la diferencia, ya que se asume que la identidad étnica de los autores de crímenes colectivos como un linchamiento es determinante para explicar dicho comportamiento y ello lleva a que se considere un mecanismo de justicia comunal o indígena -sin que esto sea necesariamente cierto- que unos justifican y otros condenan. Así ocurrió con la masacre de los periodistas de Uchuraccay en 1983 o el linchamiento del alcalde de Ilave en el 2004. Y es terrible que no logremos salir de esta lógica paternalista generalizada que ni toma en cuenta la opinión de los acusados, ni ayuda a resolver el grave problema que significa que un grupo de peruanos -indígenas o no- puedan considerar como válido o legítimo que pueden disponer de la vida de alguien.