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la  republica

Yo no quiero un país de violadores y feminicidas

Publicado: 2018-02-19

La absolución de Adriano Pozo, a quien todos conocemos por el video en que arrastra por los suelos jalando de la cabellera a Arlette Contreras, es un duro golpe para la lucha contra la violencia cotidiana que afecta a todas las mujeres del Perú. Y además confirma la tendencia existente en el Poder Judicial de no reconocer el feminicidio -y el intento de cometerlo- como un delito. Para la Corte de Justicia de Ayacucho Adriano no intentó violar ni matar a Arlettte.  

La sentencia es una pésima noticia. De un lado, confirma que a una mujer la pueden violentar, y no hay prueba que valga, ni siquiera algo tan evidente como un registro de video. Y hará más difícil que otras mujeres se animen a denunciar casos de violencia similares. Del otro, es que el testimonio de la víctima vale menos que el de los allegados al victimario que poco más y nos dicen que Adriano Pozo es un santo.

Lo más grave de todo es que nuestra justicia se resiste a aceptar que a las mujeres las matan por el hecho de ser mujeres, y eso ocurre porque hay mujeres que no aceptan someterse ni a los deseos ni al maltrato de los hombres. Y es ello lo que genera la violencia, la idea que muchos hombres tienen de que las mujeres son objetos o bienes de libre disponibilidad. Y por decir “no” les resuena como una afrenta a su identidad de machos, y a su poder.

La sentencia de Ayacucho es una vergüenza. Es una licencia para matar y violar otorgada por el Poder Judicial. Exigir que la Corte Suprema de la República la anule y condene a Adriano Pozo es un deber y un derecho que quienes creemos en la igualdad ante la ley de hombres y mujeres debemos reclamar. Callar es ser cómplice de tanto feminicida y violador que anda suelto en plaza.


Escrito por

El Arriero

Javier Torres Seoane: Antropólogo de profesión y comunicador de oficio.


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Un blog de Javier Torres Seoane