En los años que llevo tratando de entender los diversos conflictos que se dan en el Perú del siglo XXI, en especial aquellos que tienen que ver con la actividad minera, algo que he aprendido es que los conflictos son producto de un acumulado de decisiones y situaciones que involucran a todas las partes. Y no una pelea callejera que gana el que pega más fuerte.

Cuando un conflicto estalla, lo que vemos son tres partes: el Estado, la empresa y la población. Y creemos que cada uno actúa en un solo sentido, cuando en realidad en cada uno actúan intereses diversos y, en muchos casos, contrapuestos. Es cierto que en el caso de las empresas se hace el esfuerzo por presentar una única posición corporativa, pero quien conoce el sector sabe que al interior de estas enormes corporaciones transnacionales hay intereses múltiples que se entrecruzan e incluso las culturas corporativas suelen estar impregnadas por los usos y costumbres nacionales del sector. Lo que sería impensable en el país donde está ubicada la sede central de la empresa en el nuestro es visto hasta como razonable, incluso cuando va contra los códigos de conducta de la empresa.

En el caso del Estado peruano, su debilidad estructural sumada a la llamada "puerta giratoria" y a una normatividad que está hecha para favorecer a la gran inversión privada -a pesar de las quejas de esta sobre la mal llamada tramitología- hace que conforme los conflictos pasan de su fase de estallido a los siempre débiles intentos de diálogo, quede en evidencia el rol de comparsa de los intereses mineros que le tocan a la mayoría de funcionarios, con una que otra excepción. 

A esto se suman las tensiones intersectoriales, inevitables porque los conflictos mineros siempre tienen que ver con más de un sector (desde el todopoderoso MEF hasta el diminuto Viceministerio de Interculturalidad). Esto se vuelve más complejo con las diversas posturas que asumen los gobiernos regionales y locales, que tienden siempre a tratar de estar más cerca de la población, ya que al fin y al cabo son sus electores.

Por último, la población, siempre caricaturizada por los grandes medios como una suerte de masa informe que sigue los mandatos de algún "enemigo del desarrollo", lo que impide ver que muchas veces los conflictos son expresión de las tensiones que se generan al interior de los territorios "colonizados" por la minería, entre diversos actores: tradicionales y emergentes, de larga data en la zona o recién llegados, modernizadores y comunitaristas, afectados en sus derechos y beneficiarios de los recursos que trae todo proyecto. Pero todo eso se nubla por las lecturas simplistas de los conflictos y sobre todo porque no se quiere aceptar que además de intereses la gente tiene derechos. 

Quizás cuando comencemos a ver cuál es la lógica del comportamiento de los actores del conflicto podamos comenzar a entender cómo encontrar caminos de solución a los mismos.  Mientras tanto, seguiremos siendo testigos de una historia que se repite cada cierto tiempo, siguiendo casi siempre los mismos patrones, sin hallar solución a las causas de los conflictos.

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