El día de ayer el ministro del Interior, Carlos Basombrío, ha hecho historia al reconocer mediante una declaración pública que se abrirá proceso a dos coroneles por haber dispuesto -sin autorización de los mandos responsables- un operativo para desbloquear una carretera en la zona del proyecto minero Las Bambas, cuya consecuencia fue la muerte de comunero Quintino Cereceda. Bastaría recordar que pasados diez años de la muerte del ciudadano cajamarquino Isidro Llanos, en un enfrentamiento con la Policía durante una protesta de los pobladores de Combayo contra Minera Yanacocha, aún no se aclara de dónde provino la bala que lo mató, al igual que la de los más de cien peruanos muertos en movilizaciones similares en distintos lugares del país.

Sin embargo, el ministro del Interior olvidó un asunto clave que ayuda a entender el problema: la existencia de un convenio entre la Policía Nacional y la minera que, como en otros casos, lleva a una tácita dependencia del personal "contratado" por la empresa -a través del convenio- a su política de seguridad. A lo que se agrega que muchas veces -con convenio o sin él- el personal policial termina siendo trasladado al lugar del conflicto por vehículos de la compañía (y alimentados por ella, durante los días que duren las protestas).

El problema con los convenios es que bajo el objetivo de prestar seguridad a las instalaciones de los proyectos mineros se ha terminado "privatizando" la acción policial, que además termina garantizando exclusivamente la seguridad de la empresa, olvidando que su tarea es garantizar la seguridad de todos los peruanos sin excepción alguna. 

La cosa se agrava cuando constatamos que no hay forma de acceder a los convenios, a pesar de ser suscritos por una entidad pública. Y no estamos hablando de secretos de Estado, sino de las condiciones de convenios que deberían estar publicados en el portal del Ministerio del Interior.  Aunque lo ideal sería que estos convenios sean cancelados y que los criterios de seguridad en una zona minera -como en cualquier otro lugar del país- sean los que establezca el gobierno peruano, y no los que definan los gerentes de seguridad de las empresas.