Luego de más de una década de iniciado, el proceso de descentralización tuvo en el 2014 su peor año, debido a una serie de escándalos y denuncias de corrupción en diversos gobiernos regionales, el más grande de ellos en Áncash. En esa región, el presidente César Álvarez se había convertido luego de dos períodos de gobierno en el amo y señor, contando para ello con jueces, fiscales, congresistas, una red de periodistas y, todo indica, otra de asesinos. Todos pagados con los recursos públicos.

Frente al escándalo, diversas voces han coincidido en la necesidad de una reforma, aunque en distinto tono. Desde quienes consideran que la creación de los gobiernos regionales fue un craso error que nos ha llevado a un “estado de anarquía”, hasta quienes creen que el problema no es la existencia de estas instancias de gobierno, sino el escaso poder que tienen.

Y en el marco del debate, la CADE 2014 se ha animado a introducir el tema en su agenda, lo cual resulta muy saludable. Al no haber un documento base para la discusión, nos animamos a colocar algunos temas que nos parecen cruciales para entender por qué hemos llegado a este punto. Y no, no se trata de las normas o procedimientos, sino del comportamiento de los actores políticos.

Desinterés de los partidos "nacionales"

Uno de los problemas centrales señalados por la mayoría de los analistas políticos es que la fragmentación político-electoral que se da en las regiones es producto de la crisis del sistema de partidos, que viene de fines de los años ochenta, y, por tanto, más que una crisis, se trata ya de un mal endémico. La idea es esta: debido a la crisis, los partidos no logran reconstruir sus redes y clientelas, y esto, aunado a los menores requisitos que tiene un movimiento regional, resulta en la multiplicación de candidaturas. En consecuencia, lo que habría que hacer, es endurecer los requisitos para la inscripción de los movimientos regionales, reduciendo así el incentivo para postular por esa vía, y conduciendo a los políticos locales a ir bajo las banderas de alguno de los 18 partidos nacionales inscritos.

La idea parece sencilla, pero hasta la fecha no hay propuestas al respecto. Y los partidos con presencia en el Congreso de la República, por el momento, lo que han hecho es anular la reelección inmediata presentándola como una medida que evitará la corrupción.

Si lo pensamos un momento, ambos temas están en manos de los partidos nacionales. Nadie se ha puesto a pensar que en realidad a los partidos nacionales simplemente no les interesa “ganar los gobiernos regionales”. Ni siquiera al partido de gobierno. Y esto vale no sólo para el actual, sino para los anteriores gobiernos que han evitado presentar candidatos, siendo notables los casos del APRA el 2010 y del Partido Nacionalista el 2014.

Ni a los partidos en el poder, ni los que tienen aspiraciones inmediatas a la presidencia parece interesarles seriamente recuperar el espacio político regional y local, cedidos a partidos dizque nacionales que son en realidad limitados en su presencia territorial, como Alianza para el Progreso en el norte o Solidaridad Nacional en Lima.

¿Cuál es la razón por la que a los partidos nacionales no les interesa ganar las elecciones regionales?

Ensayemos algunas respuestas.

Una primera: los costos de montar aparatos políticos en cada región son muy elevados, y su rédito en términos nacionales es limitado. Y puede tener un alto costo político para los partidos nacionales, quienes se ven sometidos a una suerte de plebiscito sobre su comportamiento, y por tanto a un amplio fracaso en las urnas, como le ocurrió a Perú Posible el 2002, o incluso a Humala el 2006, que luego de vencer en 18 regiones en la elección nacional, no logró ganar en ninguna en las regionales de ese mismo año.

Si la situación fuera distinta, uno pensaría que luego de los escándalos de corrupción, con presidentes regionales detenidos, prófugos o libres pero con procesos abiertos, y con el pase al retiro de algunos de los presidentes regionales históricos -Pepe Murgia, Juan Manuel Guillen, Tito Chocano, e inclusive Cesar Villanueva- este sería el mejor momento para que los partidos nacionales cierren el sistema a los llamados “movimientos regionales” simplemente elevando los requisitos al punto que, para la gran variedad de caudillos regionales, sea más atractivo postular en las filas de uno de los 18 partidos nacionales con inscripción válida.

Habrá quienes piensen que esto generaría un reclamo regional pero ¿no es cierto acaso que más de un candidato de movimiento regional ha sido llamado por un partido nacional, para que encabece sus listas parlamentarias? ¿No es verdad que quienes son derrotados en las elecciones regionales, luego se lanzan al Congreso bajo el símbolo de alguno de los partidos nacionales? ¿No se ha dicho acaso, hasta la saciedad, que el pragmatismo es la característica principal de la política regional en el Perú del siglo XXI?

La unanimidad con la que los partidos en el Congreso han aprobado la no reelección podría aparecer como insólita, pero lo cierto es que resulta bastante razonable si aceptamos que los partidos nacionales no tienen interés de acumular poder en las regiones. Más bien, siguiendo esa lógica, cerrar el sistema a los movimientos regionales limitaría la acumulación de poder de caudillos individuales, aunque no necesariamente impedirá la corrupción.

El difícil salto de lo regional a lo nacional 

Si queda claro que no hay ningún incentivo ni intereses, desde los partidos nacionales, por los gobiernos regionales, vayamos a la siguiente pregunta: ¿Cuán real es el poder de los movimientos regionales y sus líderes?

Si vemos los casos de César Álvarez o Yván Vazquez, reelectos el 2010 y con graves acusaciones en su contra, ambos han terminado procesados, y ni ellos ni sus testaferros políticos han logrado conservar el poder por la vía de las urnas.

Y si uno revisa la trayectoria y el destino de diversos movimientos regionales, lo que encuentra,  con la excepción del movimiento chalaco Chimpún Callao, es que todos terminan diluyéndose. Algo parecido les ocurre a algunos de los expresidentes regionales que saltaron a la escena nacional: un ex primer ministro desocupado (Villanueva), otro convertido en funcionario del actual gobierno tratando de convencer a las comunidades de las “bondades” de la minería (Huaroc) y a un tránsfuga que va de bancada en bancada (Simon).

Estos tres casos muestran que no es fácil el salto de la pequeña escena regional al gran tablero de la política nacional, en una suerte de reproducción de lo que en el pasado era el frustrante paso de alcalde de Lima a candidato (derrotado) a la Presidencia de la República: allí están para confirmarlo las trayectorias políticas de Luis Bedoya Reyes, Alfonso Barrantes, Ricardo Belmont, Alberto Andrade y Luis Castañeda.

Es claro que el poder en el Perú se juega en otras esferas, y quizás por eso es que en la decana encuesta del poder que hoy hace Semana Económica, los presidentes regionales no aparecen en la lista de los 30 poderosos, aunque por momentos, como hizo Juan Manuel Guillen en el Arequipazo, o Gregorio Santos con el conflicto Conga, hagan temblar a algunos empresarios acostumbrados a que todo funcionario o autoridad estatal les diga siempre si, sí, y solo sí.

Quizás por ello, lo primero que habría que discutir en la CADE, antes de que si el problema de la descentralización es la ineficiencia, la corrupción o la incapacidad de los gobiernos regionales, debería ser la manera de afrontar la renuncia de los partidos políticos a gobernar las regiones, aunque esto ponga en cuestión las reglas de juego que han permitido a los empresarios hacer grandes negocios en estos años de bonanza financiera. Porque no hay nada mejor para hacer plata fácil, que un sistema de partidos débiles.