Para beneplácito de los empresarios reunidos en Arequipa, la XXXI convención minera (Perumin 2013) ha servido para que los ministros Jiménez y Merino hayan vuelto a poner los reflectores sobre algunos proyectos mineros como Conga y Tía María, anunciando que estos se harán de todas maneras. Esto pese a que nadie sabe bien en el gobierno si bastará con las “mesas de desarrollo” que impulsa con relativo éxito la Oficina Nacional de Dialogo y Sostenibilidad que lidera Vladimiro Huaroc.

Mientras esto ocurre en Arequipa, el ministerio del Ambiente viene concentrando sus esfuerzos en el durísimo conflicto con la minería ilegal, en el cual, a pesar de las impactantes imágenes que día tras día se nos muestran de dicha actividad en Madre de Dios, no pareciera haber un camino de solución, debido fundamentalmente al cada vez mayor peso político y económico de dicha actividad en esta y otras regiones.

Mientras esto ocurre en el Poder Ejecutivo, el Acuerdo Nacional sigue avanzando, en la tarea que el presidente Humala le encargó en su mensaje a la Nación de 2012 para la formulación de una política de Gestión y Ordenamiento del territorio. Pero las urgencias del país no pueden esperar a que el Acuerdo Nacional arribe a un consenso. Por ello resulta saludable que la bancada del Frente Amplio-Acción Popular haya presentado un proyecto de ley de Ordenamiento Territorial por iniciativa de la congresista Veronika Mendoza.

El proyecto retoma un tema que el gobierno tuvo en su agenda desde un inicio, abandonado en la gestión Valdez y retomado por la comisión de reformas ambientales que lideró el Ministro Pulgar Vidal. Pero luego fue puesto nuevamente de lado, seguramente por presión de los gremios empresariales que ven al ordenamiento territorial como un enemigo de la minería y en general de la gran inversión privada. Pero además porque vuelve a poner sobre el tapete la idea misma de la planificación que es un anatema para los defensores del modelo que rige nuestra economía.

Justamente, hechos como la minería ilegal, así como otras actividades ilegales que se desarrollan en amplios territorios de nuestro país, como la extracción de madera o la producción de la hoja de coca para el narcotráfico, son producto del abandono que durante dos décadas hizo el Estado del campo peruano. Abandono que se expresó en un “dejar hacer” sin ningún tipo de control ni planificación del territorio.

A la par, se comenzó a promover la gran inversión minera, gasífera, petrolera y de infraestructura, solo con una visión rentista, sin tomar en cuenta la superposición de distintas actividades económicas en un mismo espacio, sin considerar su sostenibilidad ambiental o social. En consecuencia, los conflictos comenzaron a brotar como la espuma y en algunos casos llevaron a la suspensión de proyectos, que por más entusiasmo ministerial y empresarial siguen siendo inviables.

Por ello es que resulta fundamental debatir una Ley de Ordenamiento Territorial que termine de definir funciones y competencias en la materia, que canalice de mejor manera los conflictos por usos del territorio y que permita que el crecimiento económico se armonice con una visión de desarrollo sostenible, aunque eso le pese a los empresarios mineros y a los entusiastas ministros reunidos en Arequipa.