(El Espectador 18/5/2013) “En Jardín nos hemos dedicado a la agricultura y al turismo durante años. Nos están pasando por encima, nos están diciendo que tenemos que ser mineros. Lo único que pedimos es que se respete la vocación de nuestro municipio pero desde Bogotá entregan títulos y licencias, muchas veces, sin conocer este territorio”. Según el alcalde de Jardín (Antioquia), Alvaro Carvajal, sobran las razones para apoyar a los pobladores del municipio en contra de la minería y rechazar un decreto firmado la semana pasada por el Ministerio de Minas que establece que los municipios no pueden prohibir esta actividad en sus tierras porque esa decisión sólo le compete a las autoridades ambientales y mineras.

Con este decreto aparentemente quedaría sin peso un acuerdo aprobado hace seis meses en el Concejo de Jardín, que le cierra las puertas a la extracción de minerales en el municipio. Y la misma suerte correría para los municipios de Támesis y Urrao, ubicados también en el suroeste de Antioquia, que habían tomado decisiones similares. Casi el 90% de esta zona antioqueña está solicitada para la minería, como lo había publicado El Espectador, por eso estos tres municipios se sumaron a Bogotá, que desde agosto de 2012 intenta prohibir la explotación minera.

En pocas palabras el polémico decreto (el 0934 del 9 de mayo de 2013) quiere decir que por más que un municipio se oponga a la actividad minera, no podrá hacer nada para evitar que allí se entreguen títulos mineros. Aunque el Ministerio de Minas insiste en que este decreto no debería sorprender a los alcaldes, debido a que ya está contemplado en el Código de Minas (desde 2001), la norma no es lo suficientemente clara y varios municipios exigen poder decidir qué tanto están dispuestos a montarse en la locomotora minera.

Aunque es cierto que el Código de Minas señala que las autoridades locales no tienen competencia para excluir la minería a través de sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT), una sentencia posterior del Consejo de Estado, del 18 de marzo de 2010, establece cuáles son las actividades que un municipio, bajo ninguna condición, podría prohibir en su POT y la minería no aparece en ese listado. En este sentido, excluir la actividad extractiva de los Planes de Ordenamiento Territorial no sería ilegal.

Pero con el nuevo decreto, que de paso confirma la falta de claridad en la normativa minera, definitivamente los municipios quedarían sin voz frente a las posibilidades de excluir la minería de sus territorios. Para Rodrigo Negrete, abogado especialista en temas ambientales, el decreto “viola la Constitución Política, concretamente frente al régimen de autonomía de los entes territoriales, la facultad de planificar y ordenar el suelo y el territorio, y defender su patrimonio ecológico”. Además va en contra, según Negrete, “de los fines esenciales del Estado que buscan garantizar los derechos e intereses generales de los habitantes del país, desconoce el derecho fundamental a un ambiente sano y el principio de progresividad que no permite la expedición de normas regresivas que privilegian a ciertos actores en detrimento de derechos fundamentales y colectivos ya conquistados”.

Precisamente la Secretaría de Ambiente de Bogotá señaló que demandará el decreto porque la Corte Constitucional había señalado que en el desarrollo de las actividades mineras deben respetarse las disposiciones que tomen los municipios respecto a su ordenamiento territorial.

Otra es la posición del Ministerio de Minas, donde insisten en que la razón del decreto es promover el orden y la participación de las autoridades ambientales. “Los alcaldes no pueden prohibir la minería a través de áreas excluidas. El decreto establece las competencias y evita el desorden que se estaba presentando”, le dijo a El Espectador Juan José Parada, asesor del Ministerio.

Juan Martín Vásquez, alcalde del municipio de Támesis señala que, “es evidente que hay territorios que no son propicios para la minería. Nosotros estamos en una zona muy frágil ambientalmente y nos parece contradictorio que se le de autonomía a los municipios pero que no puedan hacer nada cuando se trata de los proyectos mineros. En Támesis tenemos mucho que perder”.

Lo mismo insiste el mandatario de Jardín: “es un irresponsabilidad del Gobierno Nacional. Todavía no conocemos el primer municipio minero que sea sostenible culturalmente y no queremos que pase lo mismo con Jardín”. Sus temores coinciden con la investigación del economista Guillermo Rudas que revela que la actividad minera tiene una estrecha relación con la pobreza, el deterioro de la salud y el aumento de muertes violentas. Eso sin contar con las transformaciones culturales.

“Seguramente no quieren minería, pero también tenemos que mirar la otra cara de la moneda y el país no puede irse en contra de unos proyectos que tiene derechos adquiridos”, dice Parada. Para Negrete el tema va más allá: “¿Qué pasa con los procesos locales, con el patrimonio ecológico, cultural y arqueológico? Cada municipio debe poder defender y tener determinación en función de sus propios intereses y no es posible que el ordenamiento ambiental y territorial del país tenga que hacerse en torno a los títulos mineros”.