Por: Javier Torres* ( @javierto65 )

Finalmente la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), que lidera el doctor Vladimiro Huaroc, presentó en público su primer “Informe de diferencias, controversias y conflictos sociales” llamado Willaqniki (“el que avisa”) y que pretende ser el instrumento oficial del gobierno nacional para el seguimiento a la conflictividad social; y en ese sentido hay que saludar el esfuerzo realizado por tener finalmente una versión oficial del Poder Ejecutivo sobre el tema.

El informe recoge la definición del conflicto oficial de los Lineamientos aprobados en mayo del 2011, a fines del gobierno del presidente García: “El conflicto social se entiende como un proceso dinámico en el que dos o más partes interdependientes perciben que sus intereses se contraponen (metas incompatibles, escasez de recursos e interferencia de la otra parte para la consecución de sus metas y objetivos), adoptando acciones que pueden constituir una amenaza a la gobernabilidad y/o el orden público”, agregando como novedad lo siguiente: “para cuya resolución, se requiere la intervención del Estado en calidad de mediador, negociador o garante de derechos”.

Sin duda, el agregado en la definición puede significar una mayor voluntad de diálogo de parte del Estado, tal como se muestra en las páginas del informe donde se destaca que existen cerca de 75 conflictos a los que la ONDS viene dando prevención y seguimiento. Además de destacarse como casos resueltos las huelgas nacionales de EsSalud y Minsa, así como la exitosa negociación de Anglo American con el gobierno regional de Moquegua por el proyecto Quellaveco, entre otros, aunque no hay gran detalle sobre el rol de la ONDS en dichos casos.

Otra novedad del informe es que de acuerdo al Gobierno nacional, los conflictos a la fecha son tan solo 66, cifra que resulta bastante lejana de los 167 conflictos activos que registró la Defensoría del Pueblo de un total de 233 en el mes de octubre. Y este dato sí puede llevar a un debate mayor sobre el registro de la información de ambas instancias del Estado, ya que no hay una diferencia sustantiva en la definición misma del conflicto social que según la Defensoría “debe ser entendido como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia”.

La duda se resuelve cuando uno revisa las tipologías de ambos informes y descubre que para la ONDS sólo existen ocho tipos de conflictos que corresponden a minería, hidrocarburíferos, minería informal, agrarios, demarcación territorial, hídricos, laborales y energéticos; dejando de lado la amplia y confusa categoría “socioambiental” que es una suerte de “cajón de sastre”, pero además los electorales, comunales, y de asuntos de la gestión pública de los tres niveles de gobierno (local, regional y nacional). A pesar de ello, lo que queda claro, es que conflictos más, conflictos menos, la gran mayoría son los vinculados a la gran actividad extractiva (59.1%) donde la competencia para su resolución recae en manos del gobierno nacional.

Lo que sí resulta un poco insólito es que para el gobierno del presidente Humala no existan conflictos generados por la gestión de bienes y recursos públicos. Es probable que ello explique que el gran ausente de la mayoría de mesas de diálogo donde se debate la mejor manera de distribuir los llamados “beneficios del crecimiento” sea el Ministerio de Economía y Finanzas.

*Publicado en Diario 16.