Uno de los grandes retos del nuevo gobierno será encontrar el equilibrio entre la gran inversión minera y las preocupaciones de la población por los cambios que esta genera en sus vidas. Una de las vías es la aplicación de la consulta previa a los pueblos indígenas, establecida por el convenio 169 de la OIT, que consiste en un proceso de negociación entre la comunidad y el Estado -y no con la empresa como equivocadamente pensaba el anterior gobierno- en el que el segundo debe dar las garantías suficientes a la primera de que la opinión y el respeto de sus derechos serán tomados en cuenta en la decisión final que corresponde al Estado para aprobar la medida legislativa o administrativa que corresponda.

La consulta previa es, pues, un largo y complejo proceso que tendrán que aprender a caminar el Estado y los pueblos indígenas, y por tanto no es, como algunos sostienen -confundiendo así a las comunidades y a la opinión pública- un referéndum o una consulta popular en la que en una sola jornada se “resuelve” y decide el futuro de un proyecto o de una comunidad. Ni tampoco es, como señalan algunos voceros oficiosos del gremio minero, una audiencia o taller organizado por la empresa interesada, en el que se presenta con apuro un Estudio de Impacto Ambiental, con la anuencia de los funcionarios del Ministerio encargado de promover dicha inversión. La consulta no es ni un plebiscito apresurado ni un diálogo entre privados.

Por ello es que, aun cuando el presidente Humala no mencionó este tema directamente en su discurso, sí es importante que el ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, haya señalado en RPP que “la consulta previa tiene que hacerse, la gente tiene que saber que le van a consultar, que si no le han consultado tiene que estar plenamente segura de que no va a pasar nada”, y que por tanto se insistirá en la aprobación de la Ley de la Consulta que fuera observada por el anterior gobierno.

Sin embargo, no basta con aprobar la Ley de Consulta, sino que es fundamental que a la par que se promulga dicha norma, se avance con celeridad, pero realizando un debate amplio con participación de todos los interesados en la elaboración de una política nacional de Ordenamiento Territorial, tal como sí fue anunciado por el presidente el 28 de julio.

Avanzar en el proceso de ordenamiento del territorio significa superar la idea –tan presente los últimos 20 años- de que toda forma de planificación estatal es mala. Asimismo, urge establecer de una buena vez un marco normativo que permita que tanto los inversionistas como las comunidades impactadas por los grandes proyectos extractivos en el Perú tengan la plena seguridad de que sus derechos serán respetados en el marco de una Política de Estado que garantice una explotación racional y sostenible de nuestros recursos.

Columna publicada hoy en Diario 16

Pd. Sobre el tema di una breves declaraciones a Actualidad Ambiental de la SPDA donde señalaba que " con una ley sobre ordenamiento territorial se enfrentaría al clima de caos y conflictividad en el país vinculados a las grandes inversiones”.

“Es un paso adelante porque el Perú necesita bajar la conflictividad, estableciendo las áreas específicas para establecer en dónde se pueden realizar las inversiones y en dónde no. En nuestro país, el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos regionales, pero es necesario una ley nacional”

http://lamula.pe/2011/08/02/especialistas-opinan-sobre-temas-socioambientales-en-discurso-presidencial/spdaactualidadambiental