Acaba el 2010 y los conflictos socio ambientales siguen siendo materia de debate y preocupación. De un lado, quienes promueven la inversión no entienden las razones de la resistencia a proyectos que la población considera un peligro para sus formas de vida. De otro lado, quienes defienden los derechos de la población se detienen poco a pensar  cuál sería la alternativa de desarrollo a estos proyectos.

Mientras tanto, la población afectada, que es más diversa de lo que pensamos pero que  en la mayoría de casos se encuentra en situación de pobreza, no logra hacer oír su voz de protesta, excepto cuando recurre a medidas extremas y sólo recibe como respuesta del gobierno nacional, una buena dosis de racismo, expresadas en varias declaraciones del Presidente de la República y su coro de seguidores; y de represión cuando las cosas se salen de su curso.

El conflicto social en el Perú no es un tema irrelevante que sólo deba ser encargado a la Unidad de Prevención de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros. Tampoco se resolverá creando unidades de prevención en los ministerios y en los gobiernos regionales como se pretendió hacer en la gestión de Javier Velasquez Quesquén, porque no se trata de un problema aislado o particular, sino de los efectos de una Política de Estado.

El conflicto socioambiental, para usar la nomenclatura creada por la Defensoría del Pueblo, es un asunto de Estado, porque conflictos como los vinculados a proyectos mineros como Tía María, Majaz o La Zanja, o los de rechazo a la construcción de hidroeléctricas como Inambari y Pakitzapango ponen en cuestión el modelo vigente desde el año 1991 cuando Alberto Fujimori inició la reforma de nuestra economía y que no fue modificado ni por el proceso de transición democrática, ni por los gobiernos de Alejandro Toledo ni de Alan García.

Esta política de Estado nos dice que la empresa es la generadora de riqueza a partir de la explotación de los recursos naturales y que por ello se le deben dar todas las facilidades del caso a cambio de una renta, canon o regalía o la generación de fuentes de trabajo, lo cual ha producido el tan celebrado crecimiento económico de nuestro país.

Sin embargo, esta política ha  llevado a la restricción de derechos que el Estado había reconocido a lo largo del siglo XX a las Comunidades Campesinas y Nativas y que garantizaban su acceso a la tierra en particular. En ese sentido el discurso presidencial de “El perro del hortelano” lo único que hizo fue expresar con plena libertad lo que buena parte del empresariado piensa sobre el futuro de nuestro país.

Pero la gente que protesta no piensa lo mismo. Y en los últimos tiempos vemos cada vez más organizaciones de diverso tipo reivindicando su condición de Pueblo Indígena, lo que por momentos lleva a un debate interminable e improductivo, como viene ocurriendo con la Ley de Consulta Previa que nunca se aprobó y que se piensa que podría poner un poco de orden en el conflicto. Sin embargo esto no es tan cierto, ya que nuestro Estado no se ha caracterizado por escuchar a los ciudadanos, ni cuando ejercen sus derechos como individuos ni como colectivo. Por ello así sea aprobada la ley nos tomará años ponernos de acuerdo en quién y cómo debe ser consultado. Simple y llanamente porque simplemente no existe la menor voluntad política para hacerlo.

Vistas así las cosas, el tema clave en la discusión sobre el conflicto socio ambiental en el Perú es qué tipo de ajustes debemos hacer en la política de promoción de inversiones para que el conflicto pueda reducirse, y no “desaparecer” como creen algunos ingenuos expertos en resolución de conflictos.

Un primer cambio que debe hacerse es la manera en que se evalúan los proyectos, ya que si bien el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es un instrumento clave para la aprobación de los proyectos no tiene necesariamente que ser el único. Asimismo, en algunos casos por la dimensión del proyecto como la Hidroeléctrica del  Inambari, o de varios otros proyectos mineros concentrados en un mismo distrito como en La Encañada, se deben aplicar las Evaluaciones Ambientales Estratégicas.

De otro lado, los talleres donde se presentan a la población los EIA - que son ante todo documentos técnicos bastante complejos-, no pueden seguir siendo el momento donde unos y otros pongan todas sus demandas y expectativas sobre la mesa, como viene ocurriendo, debido a la negligencia del Estado que no ha promovido otros espacios para tal fin y que ni siquiera organiza los mismos, dejando todo en manos de las empresas. Es como si en las elecciones le encargáramos a uno de los partidos que se haga cargo del trabajo de la ONPE.

Por ello, es necesario que se llegue a un acuerdo sobre los procesos de Ordenamiento Territorial que la ley manda que cumplan los gobiernos regionales, aunque es el gobierno nacional el que -con su política de promoción de inversiones- lo hace de facto. Y esto no es sólo un asunto que tenga que ver con una alejada comunidad de las alturas de Apurímac o de una comunidad ashaninka perdida en medio del bosque, es un asunto que vemos en la ciudad de Lima con el debate sobre la construcción del Mega Puerto que el Grupo Romero quiere construir en el balneario de Ancón.

Si el Estado peruano quiere continuar con la construcción de mega puertos, carreteras interoceánicas, grandes centrales hidroeléctricas y promover el latifundio para producción de biocombustibles, así como la extracción de minerales, gas y petróleo, tiene que poner orden en sus prioridades, y entender que hay derechos que debe garantizar, porque de lo contrario pasaremos de los 250 conflictos con los que cerramos el presente año al doble o el triple, lo que sin duda traerá graves consecuencias en el proceso de crecimiento económico y en la gobernabilidad del país.

(artículo publicado en la Revista Ideele 204)