El nuevo escándalo generado por las irregularidades que se habrían producido en la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNE) vuelve a poner en evidencia la magnitud de la crisis institucional que afronta nuestro país. Los cuestionamientos a Marco Falconí, María Zavala y Henry Avila confirman que acabar con la captura del Estado a manos de intereses políticos u empresariales, aliados con mafias de diverso calibre es una tarea de largo aliento. 

Más allá de los cuestionamientos concretos, la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué, al igual que en otras ocasiones, los procesos de elección de cargos de tanta relevancia, terminan siendo cuestionados? Recordemos la elección del actual presidente de la Corte Suprema, la trunca elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, la “repartija” del año 2013, las elecciones de más de un Fiscal de la Nación e incluso el primer intento de elección de la JNJ (y ni qué decir del anterior Consejo Nacional de la Magistratura). En todos los casos, detrás de la acusación de “arreglos debajo de la mesa”, se encuentra la ausencia total de credibilidad de los “grandes electores” y de las instituciones a las que pertenecen.

El problema, visto desde esta perspectiva, nos lleva a ir más allá de los indispensables -y tan reclamados- criterios meritocráticos, éticos y de transparencia, fundamentales para elegir no solo a altos magistrados, o funcionarios, sino a todo aquel que quiera ocupar un puesto en el aparato estatal. El problema está en la absoluta precariedad del Estado peruano, y en su total desconexión con la ciudadanía, que ha aprendido a vivir en los márgenes y/o fuera de la esfera de la ley, eludiendo o evitando a ese aparato que no la representa en absoluto.

Este círculo vicioso explica en buena medida por qué a pesar de que -según todas las encuestas- el principal problema del país es la corrupción y a pesar de la bajísima aprobación del sistema de justicia, no vemos movilizaciones masivas que exijan la reforma de la justicia, o que estén mayormente interesados en las elecciones parlamentarias que se realizarán dentro de 20 días. En nuestro país, a diferencia de nuestros vecinos, la indignación emerge por espasmos y vive casi siempre encerrada en las redes sociales.

¿Será posible que esta dinámica cambie? Mientras quienes agitan las banderas de la anticorrupción y de la reforma no terminen de entender la desafección ciudadana seguiremos enfrascados en enumerar los sucesivos fracasos de los intentos de reforma que al final (casi) no han logrado evitar que el Estado siga capturado.