El gobierno ha cumplido sus cien primeros días y, mal que le pese a sus más acérrimos opositores, se ha mantenido en la “Hoja de ruta” que propuso luego de la primera vuelta electoral. No hemos vivido un apocalipsis estatista ni mucho menos, aunque cada cierto tiempo los defensores a ultranza del libre mercado desmenuzan los pocos discursos o declaraciones del Presidente Humala para alertarnos de las tentaciones controlistas del nacionalismo.

Luego de cien días, el gobierno puede mostrar como logros el nuevo gravamen a las empresas mineras (que fue menos de lo esperado, pero más de lo que García consiguió), la ley de consulta previa (que nadie sabe cómo ni a quien  se va a aplicar), el inicio de los nuevos programas sociales como Pensión 65 (que es la mitad de lo prometido) y el relanzamiento de la reconstrucción de Pisco y Chincha (aunque con un enfoque centralista).

Así, lo que tenemos es un gobierno que, en la medida de lo posible, va cumpliendo sus promesas electorales. Aunque resulta bastante claro que para seguir avanzando tendrá que comenzar a tomar definiciones, como las que se vienen planteando frente a dos importantes inversiones mineras, como son la ampliación Toquepala de la Southern en Tacna y el proyecto Minas Conga de Minera Yanacocha en Cajamarca.

En ambos casos diversos sectores de la población, bajo el liderazgo de frentes de defensa y algunos alcaldes, a los que se han sumado los presidentes regionales de dichas jurisdicciones, vienen exigiendo desde la cancelación de los proyectos hasta una revisión a fondo de los impactos ambientales de los mismos, en especial en lo referido al uso y manejo del agua.

Frente a estos conflictos, tanto Southern como Yanacocha,  han señalado que han cumplido con todos los procedimientos que la ley establece para el desarrollo de sus proyectos y que el estado debe hacer respetar la ley, e incluso la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo ha señalado que “el estado no puede ni debe permitir que pequeños grupos violentistas impidan el desarrollo inclusivo y la inversión privada”.

Ante tal situación, la respuesta del gobierno ha sido establecer mecanismos de diálogo entre las partes, incorporando a las autoridades regionales,  a pesar de que el discurso de las mismas frente al gobierno nacional ha sido de confrontación y cuestionamiento, e incluso en el caso de Cajamarca, el gobierno regional ha convocado a un paro para el día de hoy contra el proyecto Conga.

Si bien el diálogo es sumamente difícil de llevar a cabo, en medio de fuertes presiones de ambas partes, es la única vía que el gobierno nacional tiene para desentrampar los conflictos mencionados, siempre y cuando ponga en agenda dos temas centrales: el uso y manejo del agua y el ordenamiento territorial.  De no hacerlo, volveremos a la dinámica de “protesta-represión policial-mesa de diálogo-protesta…”, que durante el gobierno anterior no sirvió para resolver nada.

artículo publicado hoy en Diario 16